RECOMPOSICIÓN DEL ESPACIO URBANO

CRONOLOGÍA

 

1950 · La gestión de la vivienda se realiza en función de la Ley Pereira de 1948, que otorgaba exenciones tributarias y mayor libertad a los capitales privados para la construcción de vivienda.

 

1953 · Se fundó la Corporación de Vivienda (CORVI), primer organismo estatal para regular las políticas de vivienda. Entre 1940 y 1954 se construyeron 142 mil viviendas, entre 1956 y 1965 más de 260 mil.

 

1956 · Entre 1956 y 1966 la población del país aumentó de 6,8 a 9 millones de habitantes. En este decenio se construyeron prácticamente el doble de viviendas económicas que en el anterior.

 

1959 · Promulgación del Decreto con Fuerza de Ley nº2, con regulaciones en materias de préstamos e impuestos al comercio y la agricultura, y reduciendo el monto per cápita de los préstamos.

 

1960 · Los sismos de mayo, en la zona sur, dejaron un saldo de 58.700 viviendas destruidas. El crecimiento de las ciudades da paso a procesos de planificación con planes reguladores obligatorios en comunas de 7 mil o más habitantes.

 

1961 · La Corporación de Fomento (CORFO) fijó las metas de un Plan Decenal de Desarrollo (1961-1970) con la propuesta de construir 538.700 viviendas.

 

1962 · Junto al desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol, se crearon grandes obras de infraestructura. Aparecieron los primeros grandes conjuntos habitacionales como las Unidades Vecinales Providencia, Portales y Villa Olímpica.

 

1963 · Se promulgó el Decreto 880, que fijaba el texto definitivo a la Ley General de Construcciones y Urbanización.

 

1964 · Eduardo Frei fue electo Presidente con la promesa de crear 360 mil viviendas. Se amplió el equipo y maquinaria de las empresas constructoras, que junto al avance tecnológico y la investigación científica, hicieron posible comenzar con la construcción en altura.

 

1965 · Los sismos del 28 de marzo, en la zona central, destruyeron 21 mil viviendas y dañaron otras 70 mil. Se plantearon soluciones en un modelo de arquitectura racionalista, desarrollando la industrialización y prefabricación.

 

Se implementó la Operación Sitio, con la entrega de terrenos urbanizados y mediaguas de emergencia a familias de escasos recursos, con la autoconstrucción como modelo de solución habitacional.

 

1965 – 1970 · El desarrollo de grandes intervenciones en vivienda y el programa de la Operación Sitio provocó la expansión de Santiago y otras ciudades, por lo que se implementó una serie de equipamientos en los núcleos urbanos en expansión.

 

1970 · Salvador Allende es electo Presidente con una serie de propuestas en materia de vivienda. El diagnóstico apuntaba un déficit de más de 800 mil viviendas y se reajustaron los planes de vivienda.

 

Se finalizó la Operación Sitio y se adoptó la medida de dar casa, luz y agua potable para todos, arriendo a precio fijo de un 10% de la renta familiar, la erradicación de sitios eriazos para construir viviendas, con conjuntos residenciales homogéneos, con participación de pobladores y trabajadores.

 

1970 – 1973 · El reenfoque socialista del Estado produjo roces entre las diferentes clases sociales, que repercutieron en graves disturbios durante los tres años de gobierno de Allende, junto a una inestabilidad económica.

 

1973 – 1990 · Se establece un gobierno de facto tras el Golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Durante la Dictadura Militar se generaron una serie de leyes de libre mercado que transformaron la cualidad espacial y el valor del uso del espacio. Se erradicó el concepto de Estado protector y se abrieron canales de acceso a créditos para la vivienda a través de la banca privada con supervisión o subsidios del Estado.

 

1990 – 2010 · Tras el retorno a la democracia, durante los gobiernos de Transición, se reestructuraron una serie de factores sociales, pero se mantuvieron algunos planes y medidas de la Dictadura como el Plan de Vivienda Básica, porque permitía la superación del déficit de viviendas en términos macroeconómicos.

 

Durante los gobiernos de Ricardo Lagos y el primer gobierno de Michelle Bachelet, se altera el modelo invirtiendo el sistema para privilegiar la calidad de la construcción y el urbanismo por sobre la cantidad de unidades. Renace una conciencia social en la enseñanza de la arquitectura y comienzan a establecerse convenios entre el Estado, las universidades y las empresas privadas